El reciente anuncio de la prórroga de los presupuestos de Baleares hasta febrero de 2025, tras la ruptura de negociaciones políticas, plantea un escenario lleno de incertidumbre afectando a toda la sociedad, desde las familias más vulnerables hasta el desarrollo económico y social de la comunidad. La falta de acuerdos políticos no solo. paraliza proyectos, sino que también ralentiza el avance colectivo hacia una sociedad más justa y funcional.
Una decisión como esta no es solo un dato político; tiene implicaciones reales y tangibles:
- Garantía de continuidad para las ayudas: La ayuda mensual de 1.000 € para las personas diagnosticadas de ELA en Baleares, aprobada en 2024, cuenta con un presupuesto asegurado para 2025, según establece el BOIB del 23 de julio de 2024. Esto significa que, incluso sin nuevos presupuestos, el importe de 825.000 € destinado a este fin está garantizado mediante la prórroga de los presupuestos de 2024. Sin embargo, contar con unos presupuestos aprobados para 2025 es fundamental para garantizar una planificación eficiente y adaptada a las necesidades actuales, así como para asegurar que no haya retrasos administrativos que puedan afectar a la gestión de estas ayudas u otras medidas de apoyo en el futuro.
- Impacto en las entidades del tercer sector: La falta de asignación de recursos afecta directamente a asociaciones como ELA Balears, que dependen en gran medida de subvenciones públicas. Aunque sus servicios esenciales seguirán operativos, podrían enfrentar dificultades para garantizar su continuidad a largo plazo.
- Tensión e incertidumbre: Las familias que conviven con esta enfermedad necesitan estabilidad, no solo en términos emocionales, sino también económicos. La incertidumbre presupuestaria genera más estrés en un contexto ya difícil.
Para la sociedad en general, entre las principales consecuencias podríamos destacar:
- Falta de estabilidad económica:
Sin un presupuesto aprobado se limita la capacidad del Gobierno para adaptar las inversiones y el gasto público a las necesidades actuales. Esto puede ralentizar el crecimiento económico y afectar a sectores estratégicos. - Retrasos en proyectos y servicios:
La financiación de nuevos proyectos queda paralizada, lo que puede repercutir en infraestructuras, programas educativos, sanitarios y sociales. Esto afecta especialmente a las áreas que requieren una actualización urgente de recursos. - Afectación a los servicios públicos:
Los servicios básicos como sanidad, educación y transporte pueden sufrir recortes o limitaciones en su funcionamiento, afectando a toda la ciudadanía. - Incertidumbre para empresas y trabajadores:
La falta de un marco presupuestario claro genera desconfianza en el sector privado, que puede posponer inversiones o contrataciones. Esto repercute directamente en la generación de empleo y la actividad económica. - Desconfianza en las instituciones:
Las disputas políticas que conducen a estas situaciones minan la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la capacidad de las instituciones para gestionar el bienestar común. - Impacto en los colectivos más vulnerables:
Las personas que dependen de ayudas sociales, como subsidios, pensiones no contributivas o programas de apoyo, son las más afectadas. Esto genera desigualdad y aumenta la presión sobre asociaciones y ONGs que tratan de cubrir estas carencias.
Desde ELA Balears queremos recordar que estas ayudas no son un lujo ni un capricho; son una necesidad básica para quienes enfrentan una de las enfermedades más duras, tanto física como emocionalmente.
Confiamos en que las fuerzas políticas antepongan el bienestar de las personas a las disputas partidistas. Mientras tanto, seguimos trabajando y luchando para que los derechos y las necesidades de las personas con ELA no queden en segundo plano.
La vida no se detiene, ni las necesidades de las familias afectadas. Hagamos todo lo posible para que las promesas no queden en papel mojado.